A
cinco años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el
país, el Defensor del
Pueblo (e), Eduardo
Vega Luna, invocó
a todas las instituciones
públicas y privadas que
adecuen con mayor
celeridad las políticas, programas
y servicios a lo establecido
en la referida
norma internacional a
favor de este sector
de la población.
“El Perú
ha dado un
importante paso en la
implementación de la
Convención con la promulgación de la Ley
General de la
Persona con Discapacidad
en diciembre último.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer si lo que buscamos es
garantizar la autonomía
individual, la
no discriminación, la
accesibilidad, la igualdad
de oportunidades, entre
otros principios reconocidos en la Convención”, señaló el funcionario.
La
Defensoría del Pueblo viene haciendo un seguimiento a la aplicación de la
Convención para lograr que más allá de las medidas legislativas que han sido
adoptadas, se impulsen todas las políticas públicas, especialmente
en salud, educación,
accesibilidad y trabajo que
permitan superar la discriminación y
aseguren el respeto
de los derechos
de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades
que el resto de la población.
“La implementación de
la Convención permitirá
eliminar barreras que
restringen derechos y excluyen a las personas con discapacidad;
por ejemplo aquellas que obstaculizan su acceso a la información pública porque
ésta no se brinda adaptada para las
personas con discapacidad
visual. También
están las políticas que limitan
el acceso a servicios
básicos por falta
de intérpretes en lengua de señas en las instituciones, a un empleo
digno por prejuicios o falta de adaptaciones en las evaluaciones, a una mayor
cobertura para la atención de calidad en salud
mental desde
el nivel primario
(puestos, centros de
salud), hospitales generales
y especializados para alta complejidad, a una educación inclusiva y de
calidad y a un sistema de protección social”, indicó Vega.
Por
su parte, la Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, explicó
que en conmemoración de los cinco años de entrada en vigor de la Convención, se
debe reafirmar el compromiso del
Estado
peruano de adoptar medidas de carácter transversal y de respeto a la dignidad
de las personas con discapacidad, que permitan su inclusión.
“Si bien
no contamos con
cifras oficiales actuales,
los resultados anuales
de la Encuesta Nacional Continua
(ENCO) del 2006 muestra que en el Perú el 8,4% de la población presenta algún
tipo de discapacidad. Por ello, resulta fundamental que, además de la
promulgación de normas que desarrollan
una política inclusiva para las personas
con discapacidad se cuente con el
conocimiento y compromiso de los funcionarios encargados de su aplicación,
así como con el concurso
del sector privado
y la sociedad
civil en general
para la superación
de
prejuicios y la eliminación de barreras que existen en
el entorno y en el acceso a la educación, salud, empleo y comunicaciones, entre
otros”, concluyó la funcionaria.
