En los últimos días se viene produciendo en las
diferentes redes sociales, una campaña mediática
en la que se cuestiona la medida administrativa sobre la desaparición de las Coordinaciones
Regionales del CONADIS, donde se desinforma y, al mismo tiempo, se busca,
interesadamente, ocultar la realidad de lo que verdaderamente sucede con esos
espacios de gestión.
Se pretende con ello satanizar esa decisión y generar
una corriente de opinión contra la actual gestión del CONADIS, que sería justa
y democrática, sino fuese que se sustenta en afirmaciones subjetivas que se
encuentran totalmente alejadas de la realidad, donde se trata de crear el
desconcierto, la confusión y el consiguiente malestar entre el colectivo con discapacidad,
demostrando, de este modo, que por encima de contribuir en la construcción del
nuevo modelo social de la Discapacidad, mediante una participación activa con aportes y
propuestas innovadoras, prefieren mantener el estatus quo y el cultivo de
conflictos y confrontaciones. Esta campaña ignora que el tema de la discapacidad
ha ingresado a desarrollarse sobre la base de un nuevo marco legal que debiera
servir como cimiento de la construcción del nuevo Modelo Social basado en un
enfoque de derechos, proceso donde las propias personas con Discapacidad tienen
que constituirse como parte activa del mismo.
Sin embargo, hay quienes se encargan de invertir sus
energías y sentimientos en desarrollar estrategias que van en oposición al
avance de este proceso, y esto, como es natural, desvía el debate de las ideas
centrales del problema hacia temas secundarios
e intrascendentes.
De esta manera, resulta que, quienes ayer defendían el
cambio y el desarrollo de un nuevo modelo de la Discapacidad, ahora defienden
la informalidad, el caos administrativo y el modelo caduco y obsoleto que ayer
censuraban, sin importarles para nada las expectativas que tienen con justa
razón las Personas con Discapacidad y sus familiares.
En tales circunstancias, resulta necesario hacer del
conocimiento de las Personas con discapacidad y familiares, sus organizaciones
y demás interesados la posición de CONDIF-PERÚ frente al reclamado proceso de
reestructuración que se viene produciendo en el CONADIS:
Desde el 24 de diciembre se encuentra vigente la Ley
General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, instrumento legal que
dispone la estructuración de un nuevo CONADIS, institución que ayer era cuasi
insignificante como organismo público ejecutor, pero que ahora se ha convertido
por mandato de la Ley, en un súper ministerio, logro trascendente conquistado
por la Sociedad civil organizada que algunos pretenden ignorar, tal vez porque
todavía no se han dado cuenta de ese gran salto cualitativo o porque no se han
detenido a evaluar su trascendencia, ya que el CONADIS no solamente ha
recuperado su competencia normativa y la rectoría de la Discapacidad, sino que
además ejerce la potestad sancionadora y lo que es más importante, la
responsabilidad de conducir el Sistema Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), sistema funcional que permite ejercer la
articulación de políticas y programas, otorgar asesoramiento técnico, ejercer
el control, la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la ley y las
acciones que en materia de discapacidad, realicen los tres niveles de gobierno,
sus organismos públicos, programas y proyectos, tal como lo podemos corroborar
si nos detenemos un momento para revisar la ley 29973 que en referencia a esta
materia establece lo siguiente:
“73.1 El Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (CONADIS) es el ente rector del Sistema Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) y tiene a su
cargo la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de
discapacidad”.
Al
mismo tiempo dispone en su artículo 74:
Artículo
74. Objetivos del
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS)
“El
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS)
tiene los siguientes objetivos:
a)
Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la
participación de las entidades del Estado, a nivel intergubernamental, en
materia de discapacidad.
b)
Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias,
programas y proyectos en materia de discapacidad, a nivel intergubernamental.
c)
Promover la
participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la
sociedad civil y del sector privado, a nivel intergubernamental, en el
desarrollo de acciones en materia de discapacidad”.
¿Pero qué
instituciones públicas componen el
SINAPEDIS?
Entonces Revisamos el
artículo 75 para encontrar la respuesta:
“El
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS)
está compuesto por:
a)
El Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
b)
Los gobiernos
regionales, sus programas y proyectos.
c)
Las municipalidades
provinciales y distritales, sus organismos, programas y proyectos.
El
reglamento establece la organización y define el rol de las entidades públicas
conformantes del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (SINAPEDIS)”.
Es decir que, con la
creación del nuevo SINAPEDIS, se integran los tres niveles de gobierno: el Gobierno
Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, siendo el CONADIS el
organismo que tiene bajo su responsabilidad la conducción y el liderazgo de
este nuevo ente gubernamental de la Discapacidad mediante el ejercicio de su
rectoría.
Ahora veamos que sistemas constituyen el SINAPEDIS?
En el artículo 98 del proyecto de reglamento aprobado
por el Consejo Nacional al respecto establece:
Artículo 98.- De los Sistemas que componen el SINAPEDIS
“El SINAPEDIS está
organizado internamente por sistemas que están conformados como una red de
integración institucional, humana y tecnológica, que permite la articulación en
la aplicación de lineamientos, estrategias, metas, programas e instrumentos que
orientan el accionar de las entidades del gobierno nacional, gobierno regional
y gobierno local.
Los sistemas que
componen el SINAPEDIS son los siguientes:
a) Sistema de
Investigación;
b) Sistema de Gestión;
c) Sistema de Información y
d) Sistema de Seguimiento,
Monitoreo y Evaluación.
El Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS es responsable de
diseñar las normas, principios, procedimientos, técnicas e instrumentos
mediante los cuales se organizan dichos sistemas a nivel nacional, regional y
local”.
Por Consiguiente, tanto los gobiernos locales como
regionales, se encontrarán obligados a cumplir con el marco legal vigente y dar
cuenta al CONADIS de los resultados de las gestiones ejecutadas en materia de Discapacidad.
Pero para que el SINAPEDIS se encuentre en condiciones
de cumplir con estas importantes competencias, tiene la necesidad de crear una
estructura administrativa en todas las regiones para que las mismas puedan
cumplirse con eficacia, fluidez y efectividad. Es decir, que las tan aludidas
coordinaciones regionales serán reemplazadas por las nuevas oficinas del
SINAPEDIS con competencias y funciones debidamente establecidas dentro del
marco legal vigente. Es en este sentido que se debe comprender que los diversos
sistemas tienen que ser conducidos por profesionales y técnicos debidamente
capacitados en el conocimiento de gestión pública y de la temática sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Quienes defienden la permanencia de las Coordinaciones
Regionales, no han tenido la objetividad de informar que por la naturaleza del
CONADIS y su ubicación dentro de los sectores del gobierno central, regidos por
su ley orgánica, estaba impedido de realizar acciones que tenían carácter de
organismos desconcentrados, ya que el Poder Ejecutivo solamente ejerce
funciones de rectoría en los diversos ámbitos de las políticas nacionales, siendo
los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, los niveles de gobierno
encargados de su implementación y ejecución. Por consiguiente, la existencia de
las coordinaciones contraviene la ley vigente y constituye un acto de
irregularidad, que de no corregirse, expone a los responsables a la apertura de
procesos administrativos que conllevarían a las sanciones correspondientes.
Tampoco han informado que las coordinaciones no
contaban con un marco legal de creación y que por lo mismo, no figuraba en
ninguna parte la definición de sus competencias y funciones. En tercer lugar,
las leyes orgánicas de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales prohíben
taxativamente la duplicidad de funciones y por último, tampoco se ha
manifestado el malestar y descontento existente en la mayoría de regiones sobre
el trabajo que realizan sus Coordinadores en representación precisamente del
CONADIS.
Por lo tanto, la desaparición administrativa de las
coordinaciones regionales, es una medida correctiva que se debe ejecutar, no
por falta de presupuesto, no por falta de logística, no por la incapacidad de
una gestión, o por la simpatía o antipatía que se pudieran tener en relación a
los coordinadores, tampoco por pretender favorecer camisetas gremiales, sino
porque así lo establece el marco legal vigente, pero que los defensores de su
irregular existencia pretenden maquillar con un conjunto de argumentos encaminados
a confundir y desinformar.
En consecuencia, defender las coordinaciones
regionales, significa defender la informalidad, las irregularidades
administrativas que trae consigo, que algunos coordinadores, hayan sido denunciados
por boletas o facturas fraguadas para justificar gastos administrativos o hacer
uso de sus domicilios como oficinas del CONADIS, o cobrar estipendios a
terceros por los servicios prestados o recurrir a médicos patólogos para
certificar Discapacidad. Desde luego, no a todos los Coordinadores se les puede
meter en el mismo saco porque también hay servidores honrados y honestos, pero
no por ello se justifica el hecho de salir alegremente en defensa de la
informalidad y tal vez sin saberlo de las irregularidades que incurren algunos de estos servidores.
Desde CONDIF-PERÚ los exhortamos a reflexionar en los
alcances y la importancia que viene trayendo consigo el desarrollo de este
nuevo proceso encaminado a producir e implementar el nuevo modelo social de la
Discapacidad, cuyos ejes centrales son la promoción del Desarrollo Inclusivo y
la participación de las Personas con Discapacidad. La Nueva Ley General de la
Persona con Discapacidad es producto de la Sociedad Civil Organizada y deben
ser sus organizaciones quienes asuman la obligación de trabajar con sus mejores
cuadros técnicos y profesionales en su desarrollo e implementación.
Por este motivo, resulta irresponsable satanizar a los
cuadros provenientes de las Organizaciones de Personas con Discapacidad con el
objeto de tachar o vetar su participación, este tipo de actos cometidos tal vez
irreflexivamente, contraviene al derecho de la participación de las Personas
con Discapacidad en todos aquellos asuntos relacionados con el desarrollo de
sus Derechos, creando un conjunto de barreras y prejuicios, con el propósito de
impedir el empoderamiento de las Personas con Discapacidad en el manejo de la
Cosa Pública relacionada con su problemática.
Es importante saludar la decisión que ha tomado el
Presidente del CONADIS, para establecer el permanente diálogo con la Sociedad Civil
Organizada, con la finalidad de recoger sus aportes y propuestas para
enriquecer la formulación de los nuevos instrumentos de gestión que tienen que
ser aprobados de conformidad con el nuevo marco legal vigente. Es de
conocimiento público, que desde el mes de enero, las Organizaciones de carácter
nacional como la CONFENADIP, Fraternidad, la Unión Nacional de ciegos,
Asociación Nacional de Sordos, CONAPEDIS y, por supuesto, CONDIF-PERÚ, realizamos
varias reuniones de trabajo con los representantes del CONADIS en relación a
las propuestas para el reglamento de la nueva ley General de la Persona con
Discapacidad, siendo CONDIF-PERÚ, la ÚNICA Organización que continuó
participando activamente hasta el final del proceso, exactamente igual como lo
hicimos durante el debate y la aprobación de la nueva ley en el Congreso de la
república, circunstancia que hiciera posible que, mientras estos señores
levantaban sus voces para que se apruebe el proyecto de reglamento que se
publicara oficiosamente a fines del mes de abril, nuestra organización se
pronunciara en el sentido contrario, hecho que trajo consigo que se lograra
producir un número muy importantes de mejoras que elevaron cualitativamente su
contenido. De tal manera que se miente cuando se afirma que la Sociedad civil
no es participada en estos procesos para las consultas respectivas. Por
consiguiente, sería importante que las personas que vienen haciendo este tipo
de afirmaciones tendenciosas, expliquen a que sociedad civil organizada
representa y cuáles son las organizaciones por las que reclama su
participación, convirtiéndose al parecer en su vocero oficioso.
Por último es importante dejar constancia que, en la actualidad,
ningún directivo de CONDIF-PERÚ, labora en el CONADIS; sin embargo, nuestra
organización se encuentra comprometida en el objetivo de lograr el
empoderamiento de las Personas con
Discapacidad en los asuntos públicos a través de la ocupación de los cargos
públicos en esta materia, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Supremo
027-2007-PCM, además porque toda persona con Discapacidad identificada y
comprometida con la defensa de nuestros derechos, la promoción al desarrollo y
la participación de las Personas con Discapacidad, se encuentra obligada a contribuir
activamente en la consolidación de este nuevo modelo, teniendo muy claro que
todavía falta mucho camino que recorrer
para lograr su materialización.
