Un síntoma del despertar social frente a esta campaña que se despedía con la última “Teletón”. Acusaban y rechazaban el “lucro” y el “morbo” asociado a la actividad.
“Las políticas públicas son insuficientes, y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, de manera que en general la respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada, que ha constituido un mercado del asistencialismo en donde las personas pasamos a ser meros objetos de la caridad ajena, quedando relegadas como mercancías de iniciativas empresariales”, declararon estas organizaciones en el llamado público que realizaron para la manifestación de esta tarde.
Esta es la primera vez que se realiza una acción pública dirigida a denunciar los entretelones económicos de la Teletón, que utiliza la acción de los medios masivos para generar lástima, compasión y culpas momentáneas a fin de que la gente consuma los productos asociados y se acerque a los bancos a hacer donaciones, que de acuerdo a la cifras, recaen en la gente con menos ingresos.
Con el fin de lograr una mirada distinta, despertar a la ciudadanía de esa visión “solidaria perentoria” y lograr que exista una real integración, y que esa integración sea además asumida coherentemente por el Estado, este grupo de personas elevó gritos y consignas, que si bien no silenciaron el show, lograron ser escuchadas por primera vez por la opinión pública.
Pero el fenómeno no es aislado. Desde el año 2008 en que Chile firmó la Convención sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), ratificada posteriormente con carácter de Ley Mayor, que se consagra con la Ley de Igualdad de Oportunidades, las organizaciones de personas con discapacidad se han movilizado para lograr que esa firma se haga efectiva en el contenido de su compromiso.
Pero hasta aquí, sólo hay letras. “Al contrario, las políticas públicas son insuficientes, y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, de manera que en general la respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada, que ha constituido un mercado del asistencialismo en donde las personas pasamos a ser meros objetos de la caridad ajena, quedando relegadas como mercancías de iniciativas empresariales”, explican las organizaciones.
En lo concreto, son más de 2 millones y medio las personas con discapacidad en Chile. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene un trabajo remunerado, y de las que trabajan sólo el 1% lo hace con un contrato. La gran mayoría no tiene acceso a tratamiento ni rehabilitación integral. Entre las personas pobres la discapacidad es cinco veces mayor que entre los ricos. Sólo el 50% de ellas y ellos logran terminar la enseñanza básica”. En el plano legal, hay aún mayor desamparo, especialmente en las personas con discapacidades psico sociales, a quienes se les aplican regímenes de internación no voluntaria, interdicción y curatela, y cuyos tratamientos tienen enormes anomalías de parte del sistema de salud mental.
Es por este motivo que diversas organizaciones comenzaron a movilizarse desde hace ya más de una década con el fin de lograr que la igualdad de oportunidades y derechos sea real en el caso de las personas con discapacidad. Que pase de la Convención al Código Civil, para que pueda ser efectiva, que forme parte de las agendas políticas de los representantes en el Parlamento, que se creen Servicios destinados al estudio, la investigación y el tratamiento que sean accesibles, porque las campañas benefactoras sólo reproducen la idea de personas enfermas, incapaces de tomar decisiones de forma autónoma, de desarrollarse de forma independiente. Somos sujetos de derechos, no objetos de la caridad ajena”, dijeron las organizaciones.
Durante la misma semana, se había realizado en Santiago, un Seminario-Taller sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad Pisco Social, organizado por la Fundación Trust For The Americas, de la OEA, con el auspicio de Open Society Institute (OSI) y con el apoyo técnico del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI) y Fundamental Colombia, cuyo objetivo es dar a conocer la Convención y, particularmente su artículo 12 (sobre capacidad jurídica) a actores políticos, judiciales, sociales e institucionales, con el fin de lograr que esa Convención se haga efectiva en Chile. En este trabajo se lograron acuerdos tan significativos como la Creación un Observatorio Ciudadano para la Aplicabilidad Jurídica de la Convención y Generar una Mesa de Conciliación sobre los contenidos de la Convención de manera de zanjar acuerdos y hacer más rápida y efectiva su aplicación.
Esta actividad coincidió con el encuentro anual del CEDDIS (Comité anti-discriminación de la OEA), cuyo anfitrión fue el Servicio Nacional de la Discapacidad, un organismo, como tantos otros del Estado que no tienen un verdadero peso en las decisiones y que administran recursos “concursables” para proyectos, en lugar de determinar políticas de inclusión efectivas y de largo aliento.
“No queremos depender del “buen corazón” ni de la “buena voluntad” de nadie, pues no es con el corazón que se ejecutan políticas públicas adecuadas ni se garantizan nuestros derechos. Tenemos derecho a la creación y al uso de los bienes materiales y culturales. Somos hombres y mujeres, actores, creadores y creadoras, intelectuales, artistas y artesanas y artesanos, dirigentes sociales y políticos, deportistas, profesionales”, reafirmaron las organizaciones en un momento que marca un antes y un después en las luchas sociales por la integración real de todas las personas.Haga click aquí y visite nuestro website.
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