La señora Quevedo compró el departamento ubicado en un segundo piso de la calle Esquilache Nº 275, con la finalidad de poder pasear a su madre discapacitada en los parques cercanos, sin embargo, para ello necesitaba la instalación de un elevador de silla de ruedas (monta carga) que no afectaría el área común de los otros vecinos ya que dicho aparato se plegaría a la pared.
Pese a ello, y a que con anterioridad a la compra del inmueble se informó en el municipio de San Isidro de que no tendría ningún problema para habilitar la vivienda para un discapacitado y para la construcción de cuartos prefabricados en los aires de su vivienda, tanto la comuna como los vecinos se niegan a autorizar ambos pedidos.
La lucha de la señora Quevedo desde el mes de setiembre del año pasado, cuando inició los trámites para realizar las modificaciones en su propia vivienda, se ha tornado incansable, afrontando decenas de visitas de parte de los funcionarios de la municipalidad de San Isidro así como la irracionabilidad de sus vecinos, quienes serían parientes del ex subgerente, José Gonzales Rosell, quien trabajaba bajo las órdenes del exgerente municipal Roberto López.
“He acudido a todas las instancias para poder hacer respetar los derechos de mi madre, pero los vacíos en la ley de los discapacitados dan pie a que por la intransigencia e insensibilidad de mis vecinos se me impide mudarme con mi madre al predio que compré”, señala angustiada la señora Quevedo.
Y es que, entre las instituciones a las que acudió la señora Mayra para que apoyen su causa, se encuentran el Conadis, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, entre otras, sin poder obtener la ayuda esperada.
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