La presidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Mavila León, señaló que inmediatamente después, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside debatirá el dictamen que señala que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo.
Esas medidas comprenden la adaptación de las herramientas, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad.
La propuesta indica que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales deben prestar asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo.
Anota que los empleadores públicos y privados generadores de renta de tercera categoría tienen una deducción adicional en el pago del Impuesto a la Renta sobre los gastos y ajustes razonables para personas con discapacidad, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.
En otra parte del proyecto de ley señala que los empleadores realizarán los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una carga económica excesiva, de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Mavila León informó que la comisión tratará de aprobar el engranaje legal del proyecto, que está integrado por más de 80 artículos y 20 disposiciones complementarias y modificatorias.
En su oportunidad, la Sociedad ROOSEVELT, entregó sus observaciones y aportes, lo que hoy esperamos sea tomado en cuenta.
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