SOCIEDAD ROOSEVELT RESPALDA MARCHA UNITARIA POR LA INCLUSIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Sociedad Peruana de Personas con Discapacidad “FRANKLIN D. ROOSEVELT” acordó dar su respaldo y participar de la MARCHA UNITARIA POR LA INCLUSIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD que organiza el Frente Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad para exigir la aprobación de la Nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, que incluya las propuestas que quedaron fuera del último Dictamen aprobado en la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, y que emanaron de la voluntad consensuada de la sociedad civil.

GRADUALIDAD.- En la actualidad, no se aplica un criterio de gradualidad de la discapacidad, lo que ha permitido que muchas personas con discapacidades casi imperceptibles se beneficien con derechos de discutible acceso. Es importante que, en adelante, se aplique el criterio de grado de la discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto por las normas internacionales, lo que permitirá evaluaciones objetivas y mensurables.
RECONOCIMIENTO DEL TÉRMINO “CUIDADORES”.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce por primera vez, de manera explícita, el papel de los padres, familiares y/o tutores de las personas con discapacidad, y declara sus derechos a contar con beneficios especiales, fruto de su diario, denodado y sacrificado esfuerzo. La Sociedad Roosevelt, en un cambio revolucionario, propone que la NLGPCD consagre el término “CUIDADOR”, y que, en su articulado, haga extensibles a ellos los beneficios que se otorgan a las personas con discapacidad.
FOCALIZACION.- Al día de hoy, la aplicación de los programas sociales se basa en criterios de focalización cómo el factor etáreo, de género, status social y económico y geográfico, no asumiendo la necesidad de incorporar el factor “discapacidad”, como un elemento transversal e independiente a los antes citados. Creemos que con nuestra propuesta, este señalamiento queda subsanado.
CUOTA PARA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.- Uno de los muchos factores que ha ocasionado una extrema lentitud en el avance del colectivo de personas con discapacidad ha sido su escasa preparación, capacitación y participación en la vida política del país, lo que también ha devenido en que, pese a nuestro número, nunca hemos constituido un grupo de presión social para el Estado. Por tanto, creemos que el establecimiento de una cuota de participación política directa, como la que existe para otros grupos vulnerables (cuotas de mujeres, de jóvenes y de pueblos originarios), motivará un necesario interés de las personas con discapacidad por prepararse para afrontar esta participación. Esta cuota debe fijarse con un criterio realista.
PENSIONES SOLIDARIAS NO CONTRIBUTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SEVERAS.- Consideramos que, esta nueva Ley, debería también considerar el otorgamiento de una Pensión Solidaria No Contributiva a las personas con discapacidades severas que, por la propia naturaleza de su condición y los prejuicios de una sociedad no debidamente concientizada, carecen de acceso al mercado laboral y que de acuerdo a las estadísticas, están inmersos en el 82% de personas con discapacidad que están por debajo de la línea de extrema pobreza. Nuestra propuesta incluiría a las personas con discapacidad severa (es decir, con un mínimo de 60% de disminución de sus capacidades funcionales), que alcanza a menos del 5% del total de personas con discapacidad (unos 200,000 peruanos); de los cuales se exceptuarían las personas con discapacidad severa mayores de 65 años (ya incluidas per se en el proyecto actual) y aquellos que perciben pensiones de orfandad o sobrevivencia.
EDUCACION INCLUSIVA.- Toda vez que la educación inclusiva ya ha sido declarada como de interés público, este dictamen debe entenderla y aplicarla como un proceso de 10 años de duración, tiempo que servirá para adecuar la infraestructura educativa nacional a las normas de accesibilidad vigentes, e incorporando la dactilografía, el lenguaje de señas y la lecto-escritura braille, como cursos obligatorios de la currícula de la carrera pública magisterial. Entre tanto, el estado facilitará y promoverá el funcionamiento de los Centros de Educación Especial ya existentes. Asimismo, se crearán programas de adaptación para niños y niñas con discapacidad para facilitar su inclusión en colegios regulares, sobre todo, de aquellos que tienen discapacidades intelectuales.
La Sociedad Peruana de Personas con Discapacidad “FRANKLIN D. ROOSEVELT” convoca a la comunidad con discapacidad y movimientos sociales alternativos a sumarse a esta gran marcha que se iniciará en el Parque Universitario de Lima, a las 10 de la mañana del miércoles 30 de mayo.
Lima, 29 de Mayo de 2012
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CARTA ABIERTA A JORGE BALBÍN Y AL FRENTE NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En nombre de la Sociedad Peruana de Personas con Discapacidad "FRANKLIN D. ROOSEVELT" me dirijo a usted para agradecerle la invitación recibida, vía correo electrónico, para participar en la marcha del día 30 de los corrientes, convocada por el Frente Nacional por los derechos de las PERSONAS con discapacidad.

Nuestra organización, en nota publicada en nuestro website y en la red_pcdperu, dejó sentada su posición en cuanto a participar de esta u otra marcha, o de ser parte del frente antes citado, por lo cual, antes de dar respuesta a su invitación, es menester dejar en claro algunas precisiones:

1.- El día Sábado 26, sostuve una conversación telefónica con usted, en la que ratifiqué, en todos sus puntos, la posición asumida por la Sociedad Roosevelt, que no es otra que la de propender a una legislación que promueva los cambios revolucionarios que la persona con discapacidad y sus familias requieren.

2.- En dicha conversación que se desarrolló de manera cordial, fluída y llena de puntos coincidentes, le manifesté, además, que la Sociedad Roosevelt se ha desempeñado siempre con el más absoluto ánimo conciliador y dialogante, y que no confundimos firmeza con intolerancia; por lo que podíamos dar un paso atrás en nuestra decisión, siempre y cuando se considerasen las propuestas que, en su oportunidad, alcanzamos a la mesa de trabajo y que hoy le reiteramos en archivo adjunto.

3.- En una clara muestra de lo que se puede lograr mediante un diálogo alturado y propositivo, usted tuvo a bien comprometerse a acoger nuestras propuestas mínimas, y en el colmo de la generosidad, invitarnos a ser parte del equipo de voceros que entregará el memorial al Congreso de la República.

4.- Por todo lo expuesto, y tras la consulta de rigor con los diretivos de la Sociedad Roosevelt, le comunico nuestra decisión de ACEPTAR SU INVITACIÓN y PARTICIPAR activamente de la marcha del 30 de Mayo, en el claro entendido que esperamos sepa usted honrar los compromisos asumidos con el suscrito.

Hacemos pública esta declaración, por el respeto que se merecen todas y cada una de las personas e instituciones que siguen con interés nuestras acciones.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Carlos Alberto Campos

Presidente

Sociedad ROOSEVELT

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EN RESPUESTA A "DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS"

En mi condición de coordinador de turno de la MESA DE TRABAJO "Análisis y propuestas para la Nueva Ley Pcd", valoro el gesto democrático de manifestar la posición de la Sociedad Roosvelt que representas, sin embargo en honor a la verdad; debo precisar lo siguiente:

1. La MESA DE TRABAJO, del cual soy coordinador de turno, en las 7 sesiones que ha desarrollado ha convocado a todas las organizaciones de y para PERSONAS con discapacidad, Pcd`s y familiares para analizar y hacer propuestas al Nuevo Proyecto de Ley; en todas las reuniones a primado el respeto mutuo y la búsqueda de consenso para acordar las propuestas y acciones que se han desarrollado y se desarrollaran en os próximos días

2. El Frente Nacional por los Derechos de las PERSONAS con discapacidad, se ha constituido en base al acuerdo de la sesión 7 del martes 22 de Mayo del 2012 y es un esfuerzo que busca coordinar las acciones unitarias por objetivos de las organizaciones que la integran, respetando la organización y economía de cada uno e ellos.

3. La MESA DE TRABAJO, ha participado en la formulación del Proyecto de Ley y ene l Dictamen Sustitutorio, no la rechaza porque consideramos que hay avances importantes en ella, sin embargo consideramos que deben incluirse medidas especificas del Proyecto Nº 812, que no han sido considerados en Dictamen Sustitutorio, entre otras :

a) El derecho a elegir entre Educación Regular y Educación Especializada por tipo de discapacidad

b) Acceso a la salud, a la seguridad social y a las Pensiones No Contributivas para Pcd`s Severos en situación de pobreza y familiares que lo tiene bajo su cuidado

c) Derecho a la participación política y pública, para que nosotros asumamos progresivamente la gestión pública de nuestra temática, en base a concurso público de meritos, transparencia y capacitación especializada

d) Cumplimiento de las cuotas laborales del 5 % en el sector público y 3 % en el sector privado

e) Apoyo al deporte adaptado para Pcd

f) Promoción de los comerciantes, feriantes y empresarios con discapacidad

g) Derecho de preferencia a los profesionales y técnicos con discapacidad para que asuman la gestión de las OMAPED y OREDIS a Nivel Nacional

h) Estabilidad laboral relativa y derecho irrestricto de los derechos laborales de la PERSONA con discapacidad

4. Reconociendo el valor de tu participación, te sugiero que con otros expertos con discapacidad podamos desarrollar una MESA REDONDA :”Presente y Futuro de la PERSONA con discapacidad en el Perú”, con el objetivo de señalar las políticas, planes, programas y proyectos sobre discapacidad 2012 – 2021, fecha de nuestro Bicentenario Nacional.

JORGE BALBÍN
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DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

De cara a la aprobación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, a nuestro colectivo no se le ocurrió mejor idea que convocar DOS MARCHAS, en dos fechas distintas y, peor aún, dos motivaciones diferentes.

Por una parte, la CONFENADIP, convoca para el viernes 25 de Mayo en apoyo al dictamen de la Comisión de Inclusión Social y PCD del Congreso de la República; y por otra, el llamado FRENTE NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para el miércoles 30 en rechazo del mismo.

Si bien es verdad que cada agrupación es libre de fijar sus posiciones, y actuar conforme a ellas, lo que nadie parece tomar en cuenta es que, acciones como estas, sólo logran ratificar la percepción que la ciudadanía tiene de nuestro colectivo, que no es otra que ser un grupo conflictivo y desunido.

Es necesario señalar que esto promueve tal confusión entre las propias personas con discapacidad que, incluso algún que otro despistado, exprese que va a apoyar las dos.

Son más que conocidas las discrepancias que, como Sociedad Roosevelt, tenemos con la CONFENADIP; discrepancias que no van tanto en lo programático, como en nuestro permanente rechazo a la forma personalista y autoritaria como se manejan.

En cuanto al neonato "FRENTE", este nace de una mesa de trabajo que hemos seguido con sumo interés, e incluso participamos, haciendo entrega de nuestras propuestas. Desde un primer momento, nos sorprendió ver en esa mesa a personajes trasnochados que también forman parte de la CONFENADIP y que sólo han logrado inocular su uso y costumbre de formas intolerantes y autocráticas.

Pero, vayamos al fondo del asunto: ambos grupos promueven leyes llenas de generalidades y declaraciones que sólo proponen medidas concretas en aquellos puntos que favorecen sus egoísmos y ambiciones, y ambos olvidan que una ley sólo es válida cuando beneficia a las mayorías.

Por esta razón, la Sociedad Roosevelt, en reunión sostenida por su Comisión Política, ha decidido retirarse de la mesa de trabajo y no participar de ninguna de las dos marchas.

La Sociedad Roosevelt se mantendrá firme en su lucha por una unificación alterna alrededor de planes y programas comunes. En tal sentido, reiteramos nuestra invitación a todas las organizaciones SERIAS de personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores a unirse a nuestro sueño.

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LOS DERECHOS DE LAS PCD EN LOS COMICIOS ELECTORALES

Perú debería eliminar los obstáculos significativos que impiden que personas con discapacidad ejerzan su derecho a votar y otros derechos civiles, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Al no abordar estos obstáculos, se menoscaba el liderazgo asumido por Perú como uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008.

El informe de 89 páginas, “‘Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra’: Obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en Perú”, documenta los efectos de una política, modificada apenas en octubre de 2011, que negó de manera arbitraria el derecho de sufragio a personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y psicosociales por considerar que eran jurídicamente incapaces para tomar esa decisión. Human Rights Watch también analizó los obstáculos que enfrentan las personas con estas y otras discapacidades al ejercer sus derechos políticos, incluidas las dificultades que supone obtener documentos de identidad indispensables para votar, y la ausencia de mecanismos de asistencia para ayudar a personas con discapacidad a tomar decisiones sobre votación.
“Los peruanos con discapacidad son ciudadanos igual que todos los demás”, indicó Rebecca Schleifer, directora de Incidencia del Programa de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Todas las personas tienen el mismo derecho a votar y participar en la sociedad, y tanto las leyes como las políticas del gobierno deben asegurar que reciban el apoyo que necesitan y que nadie sea excluido en forma arbitraria e injustificada”.
El informe se elaboró a partir de entrevistas con más de 100 personas con discapacidad y sus familiares, además de funcionarios del gobierno peruano y defensores de personas con discapacidad.
El informe demuestra que el sistema de interdicción judicial vigente en el país —que sujeta a las personas a un régimen de tutela— y los registros públicos que indican oficialmente que las personas presentan una “discapacidad mental” generan obstáculos para casi todos los aspectos de la vida. Estas políticas pueden impedir a las personas abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo, poseer o heredar bienes, contraer matrimonio o firmar documentos oficiales en representación de sus hijos.

A través del sistema de interdicción, el Código Civil de Perú permite que un juez declare que una persona con cierta discapacidad intelectual o mental es incapaz de cuidar de sí misma o de sus bienes y designe a un tercero para actuar en su representación. El efecto de este proceso es suspender los derechos civiles de la persona bajo tutela, indicó Human Rights Watch.
Sin embargo, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que estas deberían “[tener] capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El comité que fiscaliza la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al gobierno peruano a “poner fin a la práctica de interdicción judicial”.
“Tengo el derecho a votar. Tengo el derecho a trabajar”, expresó María Alejandra Villanueva, una de las líderes de la Sociedad Peruana de Síndrome Down. “No es decisión de otra persona”.
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha instado a todos los Estados Partes, incluido Perú, a asegurar el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adoptando medidas tales como reemplazar la interdicción y otras prácticas similares por un sistema de asistencia para la toma de decisiones.Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Ante la ausencia de un mecanismo de esa naturaleza, Human Rights Watch comprobó que algunos familiares de personas con discapacidad solicitaban su tutela legal, ya que percibían que era el único medio contemplado por el derecho peruano para proteger sus bienes o intereses jurídicos, incluido el derecho a percibir una pensión o los beneficios de seguridad social.
Las personas con discapacidad de Perú también pueden enfrentarse a obstáculos físicos y de otra naturaleza cuando procuran ejercer el derecho a voto. La ley electoral de Perú exige que los funcionarios adopten medidas para garantizar la accesibilidad de los centros de votación. Sin embargo, la respuesta del gobierno a la obligación de tomar este tipo de medidas ha sido variada, concluyó Human Rights Watch. Numerosas personas con discapacidad física y observadores electorales contaron a Human Rights Watch que muchas mesas de sufragio eran inaccesibles.
Silvia, una mujer con discapacidad física de Puno, dijo a Human Rights Watch: “Las mesas de votación no están preparadas para las personas con discapacidad, ni tampoco para personas que [hayan sufrido] un accidente unos días antes de las elecciones. Están en el segundo, tercero, cuarto nivel. Una persona con discapacidad que va con una silla de ruedas no tiene accesibilidad para acercarse a la mesa”.
Human Rights Watch también recibió denuncias de que, durante las elecciones municipales y presidenciales de 2010 y 2011, en algunas mesas de sufragio no se encontraban disponibles boletas en braille, como lo exige la ley. Algunas personas con discapacidad que habían solicitado asistencia para votar no pudieron recibir ayuda, según contaron a Human Rights Watch.
Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan obstáculos y desafíos adicionales al momento de votar, comprobó Human Rights Watch. El gobierno no ha preparado materiales electorales para facilitar su participación. Y los funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que administran o vigilan procesos electorales reciben pocas directrices sobre cómo pueden ayudar a estos votantes a llegar a las mesas de sufragio y votar.
“El gobierno debe asegurarse de que el personal que trabaja en elecciones esté en condiciones de ayudar a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto”, señaló Schleifer. “De lo contrario, las voces de miles de peruanos continuarán quedando excluidas del proceso político”.
Para que Perú cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional, el Congreso debería actuar sin demora y promulgar una nueva ley que asegure el respeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó Human Rights Watch. El gobierno también debería adoptar medidas urgentes para garantizar a todas las personas con discapacidad la misma capacidad jurídica que a los demás ciudadanos, por ejemplo, reformando el Código Civil y restableciendo los derechos civiles de quienes se encuentran bajo un régimen de tutela.
Asimismo, los ministerios y organismos del gobierno peruano deberían trabajar de manera sistemática con personas con discapacidad y organizaciones que las representan para desarrollar nuevos enfoques de asistencia para la toma de decisiones y la implementación de reformas legales, indicó Human Rights Watch.
En la última década, las autoridades peruanas han excluido de manera sistemática a más de 23,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocialdel padrón electoral, aseveró Human Rights Watch. Estas personas fueron excluidas porque no podían obtener un documento nacional de identidad, indispensable para votar, o bien porque contaban con documentos de identidad donde se consignaba que padecían una “discapacidad mental” y, por ende, no tenían derecho a votar o tomar otras decisiones legales, financieras o incluso personales.
En octubre de 2011, tras años de presiones de organizaciones que trabajan en temas de discapacidad e intervenciones de la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), uno de los organismos gubernamentales a cargo de los procesos electorales, dictó una resolución que dejaba sin efecto esta política y se comprometió a trabajar en colaboración con los organismos relevantes del gobierno para resolver la situación sin demora.
Organizaciones internacionales de la sociedad civil, donantes y organismos de las Naciones Unidas que trabajan en temas de gobernabilidad, compromiso cívico y consolidación democrática en Perú deberían enfocar su trabajo en las personas con discapacidad o incluirlas en su análisis, manifestó Human Rights Watch.
“El gobierno ha anunciado su intención de reconocer plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Schleifer. “El siguiente paso es cumplir esta promesa, para que los peruanos con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía como todos los demás”.
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MUNICIPALIDAD DE LIMA CONSTRUIRÁ CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA PCD EN MONTAJE Y REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán anunció la pronta construcción de un Centro de Capacitación en montaje y reparación de sillas de ruedas y otros aparatos biomecánicos, donde serán beneficiados jóvenes con discapacidad que luego podrán laborar en dicho lugar para aplicar los conocimientos obtenidos.

Durante el encuentro realizado con 200 personas con discapacidad en la Municipalidad de Lima, Villarán de la Puente aseguró que la edificación de este Centro, es un proyecto aprobado en el Presupuesto Participativo y que servirá para generar puestos de trabajo en este sector de la población. “Tengo conocimiento de la gran demanda de sillas de ruedas, pues cumplen un papel muy importante en la inclusión laboral y social”, señaló la autoridad edil.
Durante la jornada se brindaron cifras del Instituto Nacional de Rehabilitación, según las cuales entre los años 2008 y 2011, sólo se fabricaron 4,835 prótesis y artículos de ayuda para las personas con discapacidad, lo que significa un promedio de mil piezas por año.
Al respecto la alcaldesa señaló que “en el Perú existen entre 400 y 500 mil personas que necesitan sillas de ruedas, pero sólo entran alrededor de 10 mil al año, de las cuales 9 mil son donadas”, debido a ello resaltó la importancia de la creación de este Centro”.
En otro momento, la alcaldesa de Lima, recordó que durante su gestión se ha cubierto el 3,49% de la planilla de personal nombrado, obreros, empleados y de servicios personales con personas con discapacidad, superando así el plazo establecido por ley de 3%. Al respecto, aseguró que “hemos decidido cubrir la misma proporción en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en todas las áreas de la Municipalidad”.
Antes de finalizar el encuentro, la Alcaldesa de Lima invito a los participantes a trabajar en conjunto con la Municipalidad a través de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en la Mesa de Diálogo conformada en este nivel.
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APORTES DE LA SOCIEDAD ROOSEVELT AL DICTAMEN DE LA NUEVA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Sociedad Peruana de Personas con Discapacidad “FRANKLIN D. ROOSEVELT”, luego de un profundo estudio y análisis del dictamen emitido para una Nueva Ley General de las Personas con Discapacidad y de Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, cumple con su compromiso y obligación de entregar a los autores del mismo, a las autoridades competentes, a las organizaciones de personas con discapacidad y a la opinión pública en general, los aportes de modificaciones que, líneas abajo, detallamos.
La Sociedad “ROOSEVELT”, reconoce y valora el trabajo de elaboración de este dictamen, pero creemos que la presentación de estos aportes contribuirá a mejorarla y hacer de esta nueva Ley, un documento con permanencia y efectividad en el tiempo.
Creemos que el actual dictamen es una repetición de los principios declarativos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no señala conceptos, mecanismos, ni sistemas reales y efectivos que los viabilicen, por lo que sugerimos la incorporación de los siguientes criterios:
• GRADUALIDAD.- En la actualidad, no se aplica un criterio de gradualidad de la discapacidad, lo que ha permitido que muchas personas con discapacidades casi imperceptibles se beneficien con derechos de discutible acceso. Es importante que, en adelante, se aplique el criterio de grado de la discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto por las normas internacionales, lo que permitirá evaluaciones objetivas y mensurables.
• RECONOCIMIENTO DEL TÉRMINO “CUIDADORES”.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce por primera vez, de manera explícita, el papel de los padres, familiares y/o tutores de las personas con discapacidad, y declara sus derechos a contar con beneficios especiales, fruto de su diario, denodado y sacrificado esfuerzo. La Sociedad Roosevelt, en un cambio revolucionario, propone que la NLGPCD consagre el término “CUIDADOR”, y que, en su articulado, haga extensibles a ellos los beneficios que se otorgan a las personas con discapacidad.
• FOCALIZACION.- Al día de hoy, la aplicación de los programas sociales se basa en criterios de focalización cómo el factor etáreo, de género, status social y económico y geográfico, no asumiendo la necesidad de incorporar el factor “discapacidad”, como un elemento transversal e independiente a los antes citados. Creemos que con nuestra propuesta, este señalamiento queda subsanado.
• FACULTADES DE SUPERVISION Y SANCION.- El actual Proyecto de Ley no contempla las facultades que debe tener CONADIS de supervisión y sanción en el incumplimiento del mismo. No olvidemos que esta falencia, existente en la actual Ley, se convirtió en un entrampamiento para la aprobación de la Ley 29392 (Ley de Sanciones), obligando al Congreso anterior a una muy criolla “sacada de vuelta”. Por tanto, es imprescindible el otorgamiento de dichas facultades.
• CUOTA PARA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.- Uno de los muchos factores que ha ocasionado una extrema lentitud en el avance del colectivo de personas con discapacidad ha sido su escasa preparación, capacitación y participación en la vida política del país, lo que también ha devenido en que, pese a nuestro número, nunca hemos constituido un grupo de presión social para el Estado. Por tanto, creemos que el establecimiento de una cuota de participación política directa, como la que existe para otros grupos vulnerables (cuotas de mujeres, de jóvenes y de pueblos originarios), motivará un necesario interés de las personas con discapacidad por prepararse para afrontar esta participación. Esta cuota debe fijarse con un criterio realista.
• INCLUSION DE LA DISCAPACIDAD SEVERA EN LA LEY DE PENSIONES SOLIDARIAS NO CONTRIBUTIVAS.- Consideramos que, esta nueva Ley, debería también considerar el otorgamiento de una Pensión Solidaria No Contributiva a las personas con discapacidades severas que, por la propia naturaleza de su condición y los prejuicios de una sociedad no debidamente concientizada, carecen de acceso al mercado laboral y que de acuerdo a las estadísticas, están inmersos en el 82% de personas con discapacidad que están por debajo de la línea de extrema pobreza. Nuestra propuesta incluiría a las personas con discapacidad severa (es decir, con un mínimo de 60% de disminución de sus capacidades funcionales), que alcanza a menos del 5% del total de personas con discapacidad (unos 200,000 peruanos); de los cuales se exceptuarían las personas con discapacidad severa mayores de 65 años (ya incluidas per se en el proyecto actual) y aquellos que perciben pensiones de orfandad o sobrevivencia.
• EDUCACION INCLUSIVA.- Toda vez que la educación inclusiva ya ha sido declarada como de interés público, este dictamen debe entenderla y aplicarla como un proceso de 10 años de duración, tiempo que servirá para adecuar la infraestructura educativa nacional a las normas de accesibilidad vigentes, e incorporando la dactilografía, el lenguaje de señas y la lecto-escritura braille, como cursos obligatorios de la currícula de la carrera pública magisterial. Entre tanto, el estado facilitará y promoverá el funcionamiento de los Centros de Educación Especial ya existentes. Asimismo, se crearán programas de adaptación para niños y niñas con discapacidad para facilitar su inclusión en colegios regulares, sobre todo, de aquellos que tienen discapacidades intelectuales.
• CONTINUIDAD DE LA LEY.- La actual Ley (27050), con todas sus imperfecciones, ha tenido el mérito de desprender una serie de normas, planes, programas y documentos que, de una forma u otra, han logrado beneficios a las personas con discapacidad, por lo que debe evitarse, a toda costa, que su derogatoria y reemplazo por una nueva Ley (sin dudas mucho mejor) ponga en peligro la aplicación y permanencia de las mismas.
Estas son algunas de las propuestas legislativas que la Sociedad “ROOSEVELT” pone a disposición de la Colectividad Política, con la intención de desarrollar políticas de inclusión social real y, por consecuencia, hacer del nuestro, un PERU PARA TODOS.
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5 X 24: DISCAPACITADA

Que una joven profesional del periodismo acepte comisiones muy peligrosas puede sonar común, pero que esta misma joven acepte "discapacitarse" voluntariamente por cinco días completos, si que llama la atención.

Este es el caso de Giovanna Díaz, reportera del Programa "PUNTO FINAL", que dirige Nicolás Lúcar, quien se hizo enyesar ambas piernas y vivió el día a día de una persona que se ve obligada a vivir atada a una silla de ruedas.

Su reportaje cubrió desde los arenales de "Cerro Cachiche", hasta las lujosas calles miraflorinas, y Giovanna pudo comprobar que la discapacidad no respeta ni las clases sociales, ni la condición económica.

Empezamos a ver este reportaje con una sonrisa de incredulidad y, poco a poco, nos fuimos dando cuenta que, con estos casi 60 minutos en televisión nacional, se podía iniciar un cambio.

Por eso, hoy nos permitimos arrogarnos la representación de los más de 3 millones de peruanos que, día a día, viven con alguna discapacidad y, en nombre de ellos, agradecer a Giovanna el impactante reportaje que transmitieron el día de ayer, inaugurando su sección 5 X 24.

Somos conscientes del enorme reto asumido por ella al protagonizar un reportaje que, aunque no le gane ningún premio de periodismo, hoy le permite contar con la gratitud y las oraciones de cada persona con discapacidad y de cada familiar nuestro… Mil gracias por hacer visible esta problemática que muchos viven con resignación y conformismo. Mil gracias por lanzar esta bofetada a la insensibilidad de una sociedad ciega, sorda e indolente que “alivia su conciencia” con un donativo en la teletón anual.

En la Sociedad Roosevelt nos hemos propuesto hacer una diferencia, uniendo a los hombres y mujeres de nuestro país que son capaces de ponerse en los zapatos (en nuestro caso, “en las ruedas”) de otros para, juntos, tocar las puertas de los más altos niveles del estado para dictar y hacer cumplir normas que favorezcan a las personas con discapacidad, y estamos seguros de ir por un buen camino.

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VINCULO ENTRE SIDA Y DISCAPACIDAD

No hay duda que las mil millones de personas con discapacidad en el mundo tienen peor salud, niveles educativos más bajos y mayor tendencia a la exclusión social que aquellos sin discapacidad. El informe en análisis sostuvo que debe hacerse más para eliminar barreras segregacionistas en relación a este grupo etáreo que los lleva a estratos marginales de la sociedad. Durante el acto de presentación los oradores describieron las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como son los obstáculos para acceder a servicios sanitarios, de educación, empleo e información. Soslayaron que la discapacidad forma parte de la condición humana. Esto es, que cualquiera de nosotros estaremos permanente o temporalmente discapacitados en algún momento de nuestras vidas.

Es dable recordar que cerca de 650 millones de personas, el 10% de la población mundial, poseen alguna clase de discapacidad. Sin perjuicio de ello, algunos miembros de este colectivo forman parte de los grupos de población más expuestos a infectarse por el Sida, mas debe resaltarse que hasta ahora no viene prestándose demasiada atención a la relación entre el virus y la discapacidad. Estas personas suelen estar más expuestas debido a la pobreza, el acceso sumamente limitado a la educación y la atención sanitaria, la falta de información y recursos, la falta de protección jurídica, un mayor riesgo de sufrir actos violentos o violación, así como por la vulnerabilidad al abuso de sustancias y al estigma social.
Este fue el primer Informe Mundial Sobre Discapacidad, presentado el 9 de junio de 2011, en el cual se estableció cómo desafiar estas disparidades y sugirió cómo podrían superarse. El mismo se presentó en el acto de apertura de la Reunión De Alto Nivel Sobre El Sida en Nueva York, realizado por la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Dra. Margaret Chan, y por el Vicepresidente del Banco Mundial, Tamar Manuelyan Atinc. Aquel fue realizado por ambas organizaciones, sumándoseles otros representantes gubernamentales y de la sociedad civil. Esta publicación fue un llamamiento mundial para actuar y asistir en la aplicación del primer tratado internacional, la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, ratificado por la Argentina en mayo de 2008, teniendo en cuenta las políticas internacionales, nacionales y regionales, también incluyó los puntos de vista de muchas personas que viven con discapacidad. Agrega este informe que la prevalencia aumentará en el futuro debido, en parte, al incremento de las enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población.
El Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, hizo un llamamiento para que se acabe con la discriminación y las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, que no solo violan su dignidad, sino también bloqueando su acceso a la prevención, el tratamiento, el cuidado y el auxilio frente al VIH. Según el informe sobre políticas sobre el VIH y discapacidad de ONUSIDA, OMS y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), las personas con discapacidad pueden tener riesgo de infección por el VIH por distintas razones, entre las que se incluyen la falta de acceso a los servicios de prevención y apoyo contra el VIH, y el mayor riesgo de sufrir abusos sexuales durante la vida.
En síntesis el objetivo del Informe Mundial Sobre Discapacidad ha sido ofrecer información y orientación estratégica a los actores claves, tales como lo son legisladores, patrocinantes y profesionales. Entre las recomendaciones que se incluyeron se pueden mencionar: invertir en programas y servicios específicos para personas con discapacidad; adoptar un plan de acción y una estrategia a nivel nacional; implicar a las personas con discapacidad en las decisiones sobre políticas y planificación así como aumentar la concientización de la ciudadanía. Ello por cuanto el VIH como la discapacidad afectan no solo a la persona, sino a todo el grupo familiar. Cuando se es seropositivo y discapacitado, existe un doble estigma, una doble carga.
Con todo esto, podemos afirmar que hay que acabar con la discriminación y las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, ya que no solo se viola su dignidad, sino también se bloquea la posibilidad de acceder a la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo frente al VIH. Hoy en día, garantizar la accesibilidad total a servicios e información integrados debiera ser la forma habitual de trabajar en la atención del VIH. Para ello, podrían utilizarse programas autónomos cuando la comunidad indique que es el mejor modo de atender sus necesidades. Su concreción dependerá de planificarla, dotarla de fondos y evaluarla. Concluyendo, el gran mensaje que nos deja este informe es que no podemos seguir ignorando las necesidades de 1000 millones de personas en el mundo, ya que la discapacidad es el resultado de la enfermedad, pero mucho más de las barreras que la sociedad levanta. Barreras como el estigma y la discriminación, falta de asistencia sanitaria y de servicios de rehabilitación adecuados, transporte, edificios, información y tecnologías de la comunicación inaccesibles. Habrá entonces que atacar estas barreras, que contribuyen a la existencia de resultados negativos. Por ello como siempre sigo invitándolos a "EJERCER SUS DERECHOS PORQUE ELLO NO CONSTITUYE NINGUNA CLASE DE PRIVILEGIOS"
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UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS

A continuación, transcribimos un muy interesante editorial de nuestro diario decano, "El Comercio"...

El pasado 20 de abril, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas presentó un reporte sobre el estado de estos derechos en nuestro país. Sus conclusiones se pueden resumir en que, en muchos sentidos, las libertades de estos tres millones de peruanos no pasan de ser una mancha de tinta en un papel.

El origen de este problema es que, cuando se trata de personas con discapacidad, el Estado parece olvidar el principio básico sobre el que se construye nuestra sociedad: todos valemos lo mismo. Es por eso que las decisiones que cada uno toma sobre su propia vida deben ser respetadas por igual y el gobierno no tiene ningún derecho a entrometerse en ellas salvo dos supuestos limitados. El primero, que sus acciones dañen o generen un riesgo inaceptable de dañar a un tercero. El segundo, que el individuo, que no cuenta con capacidad de discernimiento, se ponga a sí mismo en una situación vulnerable. Cualquiera que crea que tiene el derecho de suplantar las decisiones de una persona en circunstancias distintas a estas cree también que sus decisiones son más valiosas que las del otro.
En el Perú no solo ignoramos este principio básico. Hemos, asimismo, institucionalizado su olvido. Y es que muchas de nuestras normas tratan a los discapacitados como ciudadanos de segunda categoría cuyas elecciones no merecen ser tomadas en cuenta.
Uno de los casos más dramáticos es, quizá, el de la regulación del internamiento forzoso de personas con problemas mentales. La Ley General de Salud permite recluirlas en un establecimiento psiquiátrico en contra de su voluntad si se sigue un procedimiento muy detallado en un reglamento que hasta hoy nadie se ha preocupado de redactar. En la práctica, a las familias de estas personas les vasta la venia de un médico para internarlas incluso cuando su discapacidad no las haya privado de la facultad de elegir y su condición no represente una amenaza real para nadie. En otras palabras, ellas siguen una suerte similar a la de un criminal que es privado de su libertad. Con la diferencia, claro está, de que hay una buena razón para internar a éste último, quien además tuvo el derecho de que su encarcelamiento fuese evaluado en un proceso público ante un juez independiente.
Un caso similar es el del ejercicio del derecho a voto de los discapacitados, que ha sido limitado arbitrariamente por el gobierno en múltiples ocasiones. Una de sus violaciones más graves fue cuando, a fines del 2010, más de 2.000 personas con discapacidad intelectual o mental fueron excluidas del padrón de votantes por una decisión del Reniec. Esta exclusión (que por lo demás viola el texto de la Constitución) fue justificada por algunas personas que cometen el error de creer que se trata de una restricción razonable porque ven en estos grupos no a adultos, sino a niños que deberían mantenerse alejados de la política. ¿Pero acaso es de niños trabajar, vivir solos, pagar sus cuentas e impuestos al Estado? A diferencia de lo que dicta el prejuicio, muchas de estas personas sí tienen la capacidad de vivir de manera independiente y autónoma. Es por eso que, salvo que la ciudadanía sea privilegio de algunos, es un escándalo que se les prive del voto.
El caso donde es más profundo el olvido es probablemente el de las esterilizaciones forzadas. La ley permite que en casos de “incapacidad mental” (un cajón de sastre en el que pueden entrar muchos supuestos poco claros) una junta médica decida la esterilización de una persona en contra de su voluntad, dejando descaradamente de lado que un convenio internacional prohíbe al Perú este tipo de mutilación.
A pesar de que, quizá no nos guste admitirlo, las políticas del Estado frente los discapacitados revelan que nuestro sistema legal no responde, realmente, a la justicia. Y es que una sociedad solo es justa si garantiza los derechos de sus voces más débiles, aquellas que no toman carreteras ni usan el poder económico para asegurar sus intereses. Mientras unos puedan decidir arbitrariamente sobre la vida y el cuerpo de otros seguiremos viviendo como en la granja de Orwell: donde todos somos iguales pero unos más iguales que otros.
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MINISTRA DE LA MUJER: MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ES EL OBJETIVO

La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara Velásquez, aseguró que la población con discapacidad son prioridad para el Estado, por lo que es necesario el desarrollo de acciones que promuevan su participación e inclusión social, además de impulsar políticas públicas para brindarles una mejor calidad de vida.

En ese sentido, Jara Velásquez señaló que su portafolio lanzó el Proyecto Piloto “Tumbes Accesible”, programa que responde a la necesidad de realizar una intervención integral que permita mejorar la calidad de vida de esta población, tomando como punto de partida la región Tumbes.
Explicó que “Tumbes Accesible” considera el levantamiento de información censal que permitirá identificar las características específicas de la población discapacitada de esa región, integrarlos a los programas sociales dependiendo de sus necesidades y encaminar los soportes necesarios para su desarrollo.
Además, dijo que el sector trabaja en la incorporación del enfoque de discapacidad dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021(CEPLAN) que permitirá visibilizar su problemática y priorizar políticas a su favor. Reveló que información estadística oficial revela que en el Perú existen 3 millones 499 mil 899 personas con discapacidad.
Las declaraciones las formuló Jara Velásquez, en la ceremonia de Presentación de la Federación Deportiva Peruana de Salvamento Acuático y de dos “Sillas Anfibias” realizado en el Congreso de la República. Dichas sillas permitirán el ingreso seguro al mar de personas con algún tipo de discapacidad motora posibilitando su acceso no sólo al mar sino también a piscinas.
En ese sentido, expresó su saludo y felicitación a la Federación por la iniciativa de elaborar las sillas anfibias porque dijo que las personas con discapacidad tendrán la oportunidad de acceder y disfrutar de actividades acuáticas constituyéndose en sano esparcimiento y mecanismo de rehabilitación importante, tanto físico como emocional, base para su desarrollo integral.
En el evento organizado por la parlamentaria Leyla Chihuan Ramos, miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, participaron además de la Ministra Jara Velásquez, el Presidente de la Federación Deportiva de Salvamento Acuático, Cap. PNP (R) Luis Hermoza Álvarez, y el Director Nacional de Deporte Afiliado, Akio Tamashiro Noborikawa.
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