El pasado 20 de abril, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas presentó un reporte sobre el estado de estos derechos en nuestro país. Sus conclusiones se pueden resumir en que, en muchos sentidos, las libertades de estos tres millones de peruanos no pasan de ser una mancha de tinta en un papel.
El origen de este problema es que, cuando se trata de personas con discapacidad, el Estado parece olvidar el principio básico sobre el que se construye nuestra sociedad: todos valemos lo mismo. Es por eso que las decisiones que cada uno toma sobre su propia vida deben ser respetadas por igual y el gobierno no tiene ningún derecho a entrometerse en ellas salvo dos supuestos limitados. El primero, que sus acciones dañen o generen un riesgo inaceptable de dañar a un tercero. El segundo, que el individuo, que no cuenta con capacidad de discernimiento, se ponga a sí mismo en una situación vulnerable. Cualquiera que crea que tiene el derecho de suplantar las decisiones de una persona en circunstancias distintas a estas cree también que sus decisiones son más valiosas que las del otro.
En el Perú no solo ignoramos este principio básico. Hemos, asimismo, institucionalizado su olvido. Y es que muchas de nuestras normas tratan a los discapacitados como ciudadanos de segunda categoría cuyas elecciones no merecen ser tomadas en cuenta.
Uno de los casos más dramáticos es, quizá, el de la regulación del internamiento forzoso de personas con problemas mentales. La Ley General de Salud permite recluirlas en un establecimiento psiquiátrico en contra de su voluntad si se sigue un procedimiento muy detallado en un reglamento que hasta hoy nadie se ha preocupado de redactar. En la práctica, a las familias de estas personas les vasta la venia de un médico para internarlas incluso cuando su discapacidad no las haya privado de la facultad de elegir y su condición no represente una amenaza real para nadie. En otras palabras, ellas siguen una suerte similar a la de un criminal que es privado de su libertad. Con la diferencia, claro está, de que hay una buena razón para internar a éste último, quien además tuvo el derecho de que su encarcelamiento fuese evaluado en un proceso público ante un juez independiente.
Un caso similar es el del ejercicio del derecho a voto de los discapacitados, que ha sido limitado arbitrariamente por el gobierno en múltiples ocasiones. Una de sus violaciones más graves fue cuando, a fines del 2010, más de 2.000 personas con discapacidad intelectual o mental fueron excluidas del padrón de votantes por una decisión del Reniec. Esta exclusión (que por lo demás viola el texto de la Constitución) fue justificada por algunas personas que cometen el error de creer que se trata de una restricción razonable porque ven en estos grupos no a adultos, sino a niños que deberían mantenerse alejados de la política. ¿Pero acaso es de niños trabajar, vivir solos, pagar sus cuentas e impuestos al Estado? A diferencia de lo que dicta el prejuicio, muchas de estas personas sí tienen la capacidad de vivir de manera independiente y autónoma. Es por eso que, salvo que la ciudadanía sea privilegio de algunos, es un escándalo que se les prive del voto.
El caso donde es más profundo el olvido es probablemente el de las esterilizaciones forzadas. La ley permite que en casos de “incapacidad mental” (un cajón de sastre en el que pueden entrar muchos supuestos poco claros) una junta médica decida la esterilización de una persona en contra de su voluntad, dejando descaradamente de lado que un convenio internacional prohíbe al Perú este tipo de mutilación.
A pesar de que, quizá no nos guste admitirlo, las políticas del Estado frente los discapacitados revelan que nuestro sistema legal no responde, realmente, a la justicia. Y es que una sociedad solo es justa si garantiza los derechos de sus voces más débiles, aquellas que no toman carreteras ni usan el poder económico para asegurar sus intereses. Mientras unos puedan decidir arbitrariamente sobre la vida y el cuerpo de otros seguiremos viviendo como en la granja de Orwell: donde todos somos iguales pero unos más iguales que otros.
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