Las personas que tienen alguna discapacidad son
personas de valor para la sociedad. La vida les puso un reto más: una
limitación física o mental con la que deben desarrollarse y que muchas veces
les permite perfeccionar otras capacidades o facultades, convirtiéndolas en
personas superdotadas para ciertas actividades, demostrándose a sí mismo que
esa discapacidad no los limita, sino que los puede fortalecer.
Una persona discapacitada no desea que la vean como
"alguien especial" o como una carga, no busca la compasión, no quiere
que la disminuyan como persona, sino que la vean como un ser con capacidades,
con competencias para el trabajo y que, por lo tanto, sea tratada como igual.
El mundo moderno está globalizado y el Perú, gracias a
su política de Estado de apertura comercial al mundo, compite no solo en el
exigente mercado externo, sino también en el mercado interno, de igual a igual,
frente a miles de empresas de las mejores economías del mundo. Hoy en día, para
formar parte de estos mercados, se debe ser altamente competitivo y productivo.
Es por ello que las empresas buscan tener el mejor personal, al cual contratan
no por su color de piel, religión, afiliación política o discapacidad, sino por
sus competencias para el puesto. El Estado debería hacer lo mismo.
la recientemente aprobada Ley General de las Personas
con Discapacidad (ley 29973), que fue promulgada por el congreso de la
República, no rescata el valor que tiene el discapacitado por sus competencias
y virtudes y su utilidad para la sociedad y las empresas, sino que conmina
compulsivamente al Estado y a las empresas privadas a contratar personas por su
condición de discapacitado y no por sus competencias para el puesto, con la
gravedad de que si la empresas no cumple su cuota, la multan, porque el Estado
finalmente no se multa a sí mismo.
Este tema no es nuevo, menos aún la perspectiva
impositiva desde la que se aborda y que, finalmente, está demostrando que no
soluciona el problema de fondo. Es así que existen antecedentes como la ley
27050, que el Estado no ha cumplido, ya que no brindó su cuota obligatoria
establecida del 3%, ¿Qué sucedió en este caso? ¿El Estado se aplicó multas a sí
mismo ante el incumplimiento? ¿por qué existen cuotas para discapacitados en el
sector público que no están siendo cubiertas y ahora amplían esta obligación al
sector privado? La competitividad y la productividad de las empresas y del
Estado son parte de las políticas de Estado. Ahora el Estado tiene que
contratar el 5% de su planilla (75 mil personas aproximadamente), y la empresa
privada formal, el 3%.
Creemos quela inclusión de las personas con
discapacidad no es un tema de leyes, sino uno de convicción y de compromiso
para contar cada día con más personas, discapacitadas o no, en mejores
condiciones, capaces de cumplir con los requerimientos de un mercado laboral
cada día más competitivo.
Hay varias complicaciones en torno a esa ley, además
de su inconstitucionalidad, especialmente en el aspecto práctico y de
aplicación: ¿qué pasa si la empresa ya tiene la planilla completa? ¿qué pasa si
la empresa no encuentra discapacitados con las competencias adecuadas para el
puesto? ¿qué pasa si el discapacitado contratado no rinde? ¿qué sucedería en
las actividades de riesgo, donde se atentaría contra el propio discapacitado y
contrata las demás personas que trabajan en esa actividad, algo que además las
normas internacionales no permiten? y si se les contrata para cumplir la cuto y
no se les asigna responsabilidades u obligaciones, ¿no se está atentando
también contra su condición humana?
Se genera además una paradoja y es que esta ley, que
pretende evitar la discriminación, es esencialmente discriminatoria para los
que no tienen alguna discapacidad, ya que las empresas que ya tienen su
planilla completa y que tienen que cumplir la cuota tendrían que vacar algunos
puestos, con lo que se estaría discriminando a trabajadores actuales solamente
para cumplir con esta nueva ley o crear innecesariamente nuevos puesto, dejando
de lado a postulantes sin discapacidad, haciendo a las empresas menos
competitivas y aumentando sus costos. En el caso del sector público, la vacante
de un puesto previamente ocupado por una persona con discapacidad solo puede
ser ocupada por otra persona con discapacidad, lo cual se convierte en una
discriminación inversa, que afecta a las personas que no tienen alguna
discapacidad.
Es obligación del Estado y de la sociedad plantear
soluciones para promover una verdadera inclusión de las personas con
discapacidad que puedan insertarse en el mercado laboral. No existe una fórmula
mágica, pero sí criterios que se podrían utilizar: capacitarlas y desarrollar
sus competencias desde la edad temprana en el colegio y luego en el instituto
tecnológico o la universidad; crear un efectivo registro de personas con
discapacidad en donde se muestres sus competencias profesionales y su récord
laboral; fomentar la contratación en el sector privado bajo incentivos
positivos y no mediante "decreto" y hacer lo propio en el sector
público, entre otras acciones. pero lo más importante es que las instituciones
públicas encargadas de promover a la persona con discapacidad trabajen y
cumplan sus funciones resaltando las competencias para el puesto que tiene una
personas con discapacidad y no su propia discapacidad, que es lo que viene
sucediente.
En este sentido, como es de público conocimiento,
hemos tenido una reunión con el presidente del Conadis, buscando alternativas
que permitan promover la inclusión de las personas con discapacidad en el
mercado laboral peruano mejorando sus competencias y su empleabilidad.
Se nos ha criticado de ser insensibles frente a este
tema. Nada más falso. Existen muchos ejemplos de empresas privadas que cuentan
entre sus colaboradores y directivos con personas con discapacidad a quienes
les dan mucho valor y quienes aportan en su trabajo. Es nuestra obligación
replicar estos ejemplos, educando y dando oportunidades, tanto en el sector
público como en el privado, y se puede potenciar más con políticas inclusivas y
promotoras, algo que se necesita con urgencia y no con leyes contrarias a la
Constitución.
Reflexión final: el poder ejecutivo y el congreso
deben velar por el incumplimiento cabal de la constitución y ambos tienen la
obligación frente a todos los peruanos de revisar las normas para rectificar
cuando alguna es inconstitucional. Los empresarios estamos totalmente
dispuestos a encontrar soluciones creativas y justas para crear oportunidades
para las personas con discapacidad.
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