La
Sociedad Peruana de Personas con Discapacidad “FRANKLIN D. ROOSEVELT”, como parte de la
Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú
(SND-PERÚ), colectivo macro que agrupa a más de 24 instituciones de la Sociedad
Civil organizada, y en cumplimiento de sus fines de estudio, análisis y acción
en la temática de la discapacidad, cumple con su obligación de expresar al Presidente
del Congreso de la República, a las autoridades competentes, a las
organizaciones de personas con discapacidad y a la opinión pública en general,
nuestra posición frente a la manifiesta tendencia del Congreso de la República,
a través de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, por la
insistencia de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. Este pronunciamiento
es hecho público tras un estudio y análisis profundo y serio de la situación en
mención.
1. Desde el inicio del
debate de la nueva LGPCD, la Sociedad Roosevelt ha señalado los gruesos vacíos
y enormes errores jurídicos y constitucionales de la misma, algunos de los
cuales argumentamos en el Pronunciamiento N° 005-2012/PRES/SPPDFDR que, en su oportunidad,
hicimos público; a los que se suman las catorce observaciones hechas por el
Poder Ejecutivo, y las legítimas aspiraciones de los millones de personas con
discapacidad del Perú (sobre todo del interior y zonas rurales) que JAMÁS
fueron consultados u oídos.
2. Somos conscientes que los
defensores de la promulgación de la ley, tal cual está, han interpuesto todo su
poder y su influencia para crear una corriente de opinión favorable a su causa,
lo que sería válido y legítimo si no existiesen poco claros intereses, los que están
íntimamente relacionados a la cooperación internacional que reciben de una
organización de la que su líder es principal “consultor”.
3.
Los que impulsan la
“insistencia”, se basan en que la ley es legitimada por “120 mil firmas de
ciudadanos de a pie”. Este argumento es falaz y manipulador, pues no creemos
que ninguno de esos ciudadanos “de a pie” hayan condicionado sus firmas a
revisar el contenido de una “iniciativa ciudadana” hecha a puertas cerradas y
sin contar con la opinión de la sociedad civil organizada.
4.
También se basan en que la
autógrafa fue aprobada por unanimidad en el Pleno con 106 votos. Este argumento
es, en el mejor de los casos, sólo una forma de ver los hechos, pues, en
nuestro concepto, esos 106 votos demuestran la voluntad política de nuestros
parlamentarios de legislar a favor de nuestro colectivo, por lo que nos toca a
la sociedad civil organizada, de manera CONSENSUADA, la elaboración de un
instrumento legal que, con una dirección y un objetivo, impulsen el MODELO PERUANO
que, párrafos más adelante, explicaremos.
5.
Otra falacia impulsada por
estas agrupaciones, es la crítica a la primera observación del Ejecutivo, donde
(dicen) estaríamos perdiendo nuestra capacidad jurídica; basta dar una lectura
objetiva a dicha observación para comprender que lo que se señala allí es que
NINGÚN DERECHO ES IRRESTRICTO y que, por tanto, nuestra capacidad jurídica DEBE
someterse a lo estipulado por la legislación nacional.
6. Este mismo grupo, hoy
vestido de “espíritu conciliador”, aplica el psico-social de que trabajar por
un texto legal mejorado es arriesgarse a una nueva observación del ejecutivo,
creando una total ausencia de ley… Nada más lejos de la realidad, pues el
propio Ejecutivo al observar que la autógrafa no tiene mecanismos de aplicación
de derechos, crea un escenario en que la observación de estos mecanismos sería
el más absurdo contrasentido. Y en cuanto a quedarnos sin ley, esto también es
falso, pues mientras no se apruebe una nueva ley, seguiremos estando bajo la
27050.
7. Asimismo, señalan que,
después de la aprobación “por insistencia”, todos los vacíos se pueden llenar
en el Reglamento, o por modificatorias, desconociendo que, por un lado, lo que
la ley no contemple, NO PUEDE SER DESARROLLADO POR UNA NORMA DE RANGO MENOS, y
que, por otro lado, una modificatoria es un proceso largo, tedioso y costoso
que demoraría NO MENOS DE CINCO AÑOS.
8.
En 100 años de leyes
dispersas en “favor” de las Personas con Discapacidad, se ha carecido de un
modelo o patrón establecido que direccione y viabilice leyes que puedan
cumplirse. Por esa razón, las propuestas que entregamos pretenden implementar
un MODELO PERUANO de atención a las PCD que no sólo desarrolle lo dispuesto por
la Convención, sino que superándola, nos vuelva a poner a la cabeza en
latinoamérica, lugar que nunca debimos dejar.
9.
Este MODELO PERUANO no es sólo
“asistencialista”, o sólo “promotor”, sino una combinación de ambos, pues no se
puede negar que así como hay un gran porcentaje de personas con discapacidad en
capacidad de ser promovidos e incorporados a la PEA, también hay un muy
importante número de personas que, por la severidad de sus discapacidades, requiere
medidas de protección por parte del estado y la sociedad.
10. Este
MODELO PERUANO pretende romper con la visión paternalista y dependiente del
estado, basando su funcionamiento en una Sociedad Civil Organizada y EMPODERADA
que pueda hacerse cargo de la aplicación y fiscalización de las normas que se
vayan a aprobar.
11. Debemos
entender que el papel de la Convención es el de “reconocer” los innegables
derechos de las Personas con Discapacidad y que el verdadero rol de la
legislación nacional es “implementar los accesos” a esos derechos, los que,
creemos, se concretizan con nuestras propuestas.
12. La
Sociedad Roosevelt lamenta profundamente que, lo que debió ser un punto de
encuentro entre todas las organizaciones, se haya convertido en un polarizado e
irreconciliable intercambio de adjetivos y personalizaciones, creando un
ambiente que ahonda las divergencias y nos sume, más aún, en nuestra ya tan
dañina división.
13. Esperamos que, pasado este momento, y en
cualquier escenario que se dé, podamos reencontrarnos y, juntos, trabajemos por
devolverle a nuestro país el liderazgo continental que alguna vez tuvimos en
materia de discapacidad.
Por todo lo expuesto
anteriormente, la Sociedad Roosevelt solicita al Presidente del Congreso de la
República, Señor Víctor Isla Rojas, al Presidente de la Comisión de Inclusión y
Personas con Discapacidad, Ing. Jhon Reynaga Soto, y a los demás miembros de
dicha Comisión, no insistir en la promulgación de la Ley General de las
Personas con Discapacidad y promover su revisión e incorporación de nuevos
aportes.
Solicitamos a los medios
de comunicación recojan nuestra posición, dado que la discapacidad no es
propiedad, ni feudo, de una persona o de un grupo minoritario.
Sin otro particular,
quedamos de ustedes
Lima, 12 de Octubre del
2012
